LA CHINCHETA. La Ley es...la Ley.
La mujer lo ha intentado, pero cuanto más lo intenta, más leña le echa al fuego. No ha tenido éxito la ministra Isabel Celaá en sus intentos de tranquilizar a la Educación Concertada. "La nueva Ley no ataca a las escuelas concertadas", ha dicho una y otra vez durante los últimos días la ministra, conocida por haber llevado (y con todo el derecho del mundo), a sus hijas, al elitista colegio bilbaíno concertado “Bienaventurada Virgen María-irlandesas”. Te alabamos Señor, es justo y necesario...
La nueva Ley de Educación (lo de “nueva” debe ser una
broma, ya van 9 en 40 años de Democracia) va a dar el remate a la Enseñanza
Concertada. la Ley elimina la expresión de "demanda social", que,
de aquella manera, venía a decir que, si las familias lo pedían, había que
darles más plazas en escuelas concertadas, y no en escuelas públicas. Por algo
será...
La Ley Celaá contempla sólo dos vías. Una vía privada, con
escuelas de elite, sólo al alcance de una pequeña parte de la población, y una
vía estatal donde la exigencia será menor y donde la educación, en distintas
áreas del conocimiento, será secundaria y primaran los "valores"
determinados por el Gobierno. ¿Les suena...?
Una plaza en un colegio concertado le cuesta al Estado la mitad que una en un colegio público y,
sin embargo, el resultado académico, es generalmente superior en los
concertados. Mayor calidad por la mitad de precio. No menos importante es que a
nadie se le obliga a llevar a sus hijos a un concertado, son los padres los que
eligen y prefieren esta opción. Por algo será...
El ataque a los concertados es en cierta manera un ataque a
la libertad de los padres, a la posibilidad de elección y atufa de forma
siniestra a un intento de imponer con la fuerza del Estado,
una especie de monopolio ideológico en la educación de los niños, pasando por
encima del derecho de los padres, reconocido en la Constitución.
El largo andar de la “perrita” indica (ya lo han dicho
públicamente expertos y magistrados), que esta Ley será recurrida y acabará en
el Tribunal Constitucional, con muchísimas posibilidades de quedar anulada.
Otra Ley más tirada por el sumidero. Antes incluso podría llegar otro Gobierno
que saque otra diferente. Un auténtico disparate, para un país, ya de por sí,
muy "mal educado"...
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